Hoy he leído el editorial que el diario El Pais ha dedicado al problema de la vivienda y me he quedado tan perplejo que no puedo por menos que comentarlo. Os transcribo a continuación el editorial de forma integra (en negro) e iré introduciendo algunos comentarios míos (en azul).

 

DIARIO EL PAIS

25 de enero de 2007

EDITORIAL

Caos en la vivienda

La coincidencia de una intensa oleada de ocupación ilegal de pisos vacíos -incluso de alguno ocupado- en las grandes ciudades, sobre todo en Barcelona y Madrid, con el anuncio de que algunas comunidades autónomas -Cataluña y Euskadi- consideran la posibilidad de imponer una tasa o canon a las casas desocupadas (mezcla El País churras con merinas -okupación con imposición sobre la vivienda vacía- para procurar desacreditar a la segunda), ha devuelto al escaparate público el intrincado problema de la vivienda (¿para el editorialista de El Pais la vivienda ha dejado de estar de actualidad en algún momento en los últimos años?; si así fuera, sería como para preocuparse y denotaría una escasa sensibilidad social por su parte), enfocado esta vez en forma de paradoja: hay más de tres millones de pisos vacíos, a pesar de lo cual el mercado de alquiler languidece y la demanda crece en progresión casi geométrica (en este punto estoy con el editorialista: tenemos un país muy raro en el que producimos casi 1 millón de viviendas al año, casi no hay viviendas protegida, millones de viviendas están vacías y millones de personas tienen serias dificultades para acceder a una vivienda digna). El resultado es que se disparan los delitos contra la propiedad inmobiliaria, crece la tensión ciudadana por la falta de recursos policiales y legales para acabar con la ocupación ilegal y aumenta el descontento entre una parte de la población asalariada cuyas rentas procedentes de trabajos precarios no pueden pagar los precios de un mercado que no deja de encarecerse (por el orden de los factores entiendo que al editorialistas de El País le preocupan más las pocas ocupaciones ilegales de vivienda que los millones de ciudadanos con serias dificultades para acceder a una vivienda digna; el que de El País considere más preocupantes unas docenas de ocupaciones de vivienda que la dificultad de acceso a un derecho constitucional de millones de ciudadanos y ciudadanas da que pensar).

Una situación tan potencialmente peligrosa merece un par de reflexiones. La primera es que el recargo sobre las propiedades vacías no resuelve el problema del alquiler (en esto estoy de acuerdo, pues para crear un parque privado y público de alquiler potente homologable a los europeos no solo se deben tasar los piesos vacíos, que hay que hacerlo, sino que se deben hacer otras muchas cosas, entre otras, promover vivienda protegida para su alquiler y dignificar y profesionalizar el mercado privado de alquiler, para que ambos, alquiler público y privado, se parezcan a sus homologos europeos), porque no está legalmente tipificado qué es un piso vacío (la solución es evidente: las leyes deben decir que es un piso vacío; de momento en Euskadi ya sabemos lo que es una vivienda protegida vacía, las estamos sancionando y expropiando y lo mismo se puede hacer con las viviendas libres vacias; no es un problema de técnica jurídica, sino de voluntad política). Si tal naturaleza no está definida después de más de tres años de esfuerzos legales perdidos en el intento, mal se podrán buscar y gravar tales pisos (el Ministerio de Economía no ha definido a efectos de la imposición estatal lo que es una vivienda vacía porque no le ha dado la gana, por falta de voluntad política; hay hechos imponibles tan o más dificiles de definir que este y sin embargo ahí están en las normas tributarias, perfectamente definidos e ingresándose tributos en base a ellos).

Más eficaz es la recomendación de que se modifique la legislación que regula los contratos de alquiler. Cuando los propietarios no se sientan indefensos ante inquilinos que no pagan, destrozos que no se reconocen y contratos que se eternizan, estarán más inclinados a poner sus propiedades en el mercado. (Estoy totalmente de acuerdo con el editorialista de El País en que se mejore la legislación civil sobre elquileres, este es un trabajo del gobierno y las Cortes, les animo a que se pongan a ello; por cierto, que en Euskadi ya le hemos quitado todas las incertidumbres sobre el alquiler a los propietarios de viviendas vacías, dado que, si quieren, la vivienda se la alquila el propio Gobierno Vasco y les paga la renta -una media de 580 euros al mes-, les devuelve la vivienda en perfecto estado e incluso les financia a tipo de interés cero 18.000 euros para rehabilitación de la vivienda antes de ser alquilada; esas viviendas son alquiladas por el Gobierno Vasco a personas inscritas en Etxebide y que demandan vivienda protegida en alquiler -pagan un alquiler medio de 250 euros al mes-; con este esquema hemos puesto en alquiler social en menos de tres años 3.000 viviendas vacías, lo que no está nada mal, pero con todas estas garantías y esfuerzos por parte de la Administración aún hay en Euskadi 23.000 vacías que podrían o deberían ir hacia el alquiler).

La segunda reflexión tiene que ver con la lamentable descoordinación entre la Administración central y las autonómicas (el editorialistas de El País habla de descoordinación entre las CCAA y el Ministerio en una materia, la vivienda, en la que el Tribunal Constitucional ya ha establecido hasta la saciedad que la competencia es plenamente autonómica; ¿se debe coordinar la Administración General del Estado con las CCAA en relaciones exteriores? no, ¿verdad? ¿ha descubierto El País el estado de las autonomías ayer mismo? quizás). La cautela que reclama el vicepresidente Solbes, fundada en que el canon plantea "problemas jurídicos y su rentabilidad es reducida", se da de bruces con la avidez normativa de las comunidades autónomas (ahora el que las CCAA ejerzan sus competencias se llama "avidez normativa", lamentable; supongo que El País entiende que todos tendrían que estar a la espera de lo que diga el Sr. Solbes titular de un órgano -Ministerio de Economía- incompetente en materia de vivienda, pues los competentes son las CCAA). El caso de las ocupaciones ilegales merece un tratamiento claro y directo. Dado que la propiedad es un bien básico que debe protegerse y que la entrada ilegal en las viviendas amenaza con convertirse en un conflicto grave, debería ponerse en marcha un sistema rápido por el cual los tribunales pudiesen identificar la propiedad de los pisos asaltados y ocupados; y otro igual de rápido para expulsar a los invasores. Es un escándalo que, en una sociedad tan burocratizada e informatizada como la española, los jueces no puedan conocer en unas pocas horas quién es el propietario legítimo de un piso (quizás sea más escándalo que en una sociedad tan burocratizada, informatizada, rica y moderna como la española nos dediquemos a construir millones de viviendas para que sean adquiridas por inversores o especuladores, consumamos miles de millones de metros cuadrados de suelo de forma irreversible para el medio ambiente, inflemos los precios de las viviendas libres, permitamos unas acumulaciones de poder económico sin parangon en manos de empresas de escaso valor añadido, no construyamos casi vivienda protegida, desparezca el alquiler de mercado, no despegue el alquiler protegido o social, todos nos olvidemos de la rehabilitación, millones de viviendas estén vacías ... y además millones de personas, muchos de ellos jóvenes, tengan severas dificultades para acceder a una vivienda).

Pocos editoriales de El País me han parecido más superficiales, más de parte, más insensibles y más contrarios al teórico ideario progresista de este medio como este que acabo de glosar. Una pena.

Como contrapunto a tanta inmundicia os dejo el link a una entrevista a Javier Dean (Viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco) en la que explica la posición del Ejecutivo Vasco en relación a la vivienda vacía, su salida al alquiler y su gravamen: tener un piso vacío es un lujo y gravarlo encaja bien en la Constitución.